La Sala Constitucional emitió la sentencia completa sobre su decisión de enero de este año de rechazar un amparo contra el reglamento de ciberseguridad 5G.

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La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica respaldó los argumentos del gobierno que sustentanel reglamento de ciberseguridad 5G,mediante el cual se prohíbe la participación de algunas empresas en la cadena de suministro de las redes 5G.

Así lo reafirmó Paula Bogantes,titular del Ministerio de Ciencia,Innovación,Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt),luego de que la Sala publicara la sentencia completa sobre el tema.

El 26 de enero de este año,la Sala Constitucional rechazó un recurso de amparo promovido por Huawei en contra del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE),debido a que el reglamento de ciberseguridad restringe su participación en una licitación 5G lanzada por la paraestatal.

Si bien la Sala negó el amparo a Huawei en ese momento,la sentencia completa no se dio a conocer porque estaba en proceso de redacción.

La Sala Constitucional ya emitió dicha sentencia,pero no está disponible para su consulta pública en su plataforma digital,Nexus. Al consultar el expediente 23-023887-0007-CO,el sitio advierte que se trata de un expediente confidencial que sólo es accesible para las partes involucradas.

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El Micitt,que es una de esas partes,destacó que el contenido del fallo respalda las acciones del gobierno para regular la implementación de la tecnología 5G a través del reglamento de ciberseguridad.

La dependencia dijo que la decisión de la Sala “reafirma la facultad del gobierno de la República para establecer requisitos técnicos y de seguridad en la implementación de las tecnologías 5G y superiores,garantizando asíla protección de la infraestructura crítica del país y el régimen jurídico de derechos e intereses de los usuarios”.

De acuerdo con el Ministerio,la sentencia resalta los siguientes puntos clave:

El Poder Ejecutivo tiene la competencia para definir las reglas del juego,desde la política pública en materia de ciberseguridad para redes de telecomunicaciones en tecnologías 5G y superiores.

El reglamento no establece disposiciones de imposible cumplimiento para las empresas ni discrimina a ninguna empresa en particular.

El reglamento 5G no transgrede la Constitución Política ni los tratados internacionales.

La neutralidad tecnológica está supeditada a los intereses legítimos de la política pública.

En enero,la Sala Constitucional ya había adelantado que los estándares de ciberseguridad son aspectos técnicos en principio,pero propios también de políticas públicas de Estado salvo que afecten derechos fundamentales o el marco constitucional.

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Y sobre el papel de ICE,la Sala dijo que no le corresponde analizar si el ICE había contemplado o no las disposiciones del reglamento de ciberseguridad 5G en su proceso licitatorio,ni tampoco si indirectamente limitó la participación de empresas con requisitos sin fundamento técnico.

Por lo tanto,dijo que,“si existiese alguna inconformidad con las condiciones y demás especificaciones técnicas,esta deberá ser ventilada en las vías comunes”.

En agosto de 2023,el gobierno costarricense emitió el reglamento de ciberseguridad 5G,en el que,entre otras cosas,determina que las empresas cuyo país de origen no ha suscrito el Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia no pueden participar en el desarrollo de 5G en Costa Rica.

China,México y Corea del Sur son algunos de los países que no han suscrito dicho convenio,el cual no es ampliamente adoptado a nivel mundial ni tampoco determina estándares para garantizar la ciberseguridad de las redes 5G.

Huawei,de origen chino,sería una de las principales empresas impactadas por el reglamento,y también sus clientes en el país,ya que provee de equipos y soluciones a operadores de telecomunicaciones como el propio ICE.

La tecnología de Huawei es ampliamente usada en las redes de Costa Rica,al igual que en toda América Latina,por lo que el reglamento de ciberseguridad podría afectar toda la cadena de suministro de 5G,e incluso expertos advierten un posible retraso en la implementación de la tecnología.