La ALAI advierte que la medida del Código Fiscal en México sobre el rastreo y bloqueo de plataformas digitales amenaza los derechos humanos de millones de usuarios y debilita la confianza en la economía digital.

Crédito: Pixabay

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Una de las medidas más controversiales del Código Fiscal de la Federación presentado por el gobierno de México días atrás,contempla que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) pueda tener acceso permanente,en línea y en tiempo real a los sistemas de las plataformas digitales como Uber o Netflix.

Aunque la medida busca reforzar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las empresas de la economía digital,la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) advierte que plantea serios riesgos para los derechos humanos de toda la población.

Si las autoridades pueden rastrear en tiempo real la información de las plataformas de forma irrestricta,estarían comprometidos los derechos humanos,esencialmente la privacidad de los ciudadanos,la protección de datos personales y el debido proceso,alertó.

La organización dijo que dicha disposición es institucional y desproporcionada,ya que habilitaría un acceso indiscriminado a la información de millones de usuarios sin delimitación clara.

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“No existen precedentes en sociedades democráticas,ni en otros sectores de la economía mexicana,de una regulación que otorgue al gobierno acceso directo,permanente y en tiempo real a bases de datos privadas”,señaló la ALAI.

El artículo 30B del Código Fiscal,que forma parte del Paquete Económico 2026 enviado al Congreso de la Unión por el gobierno de México,también determina que las autoridades fiscales podrán bloquear o suspender,por conducto de los operadores de telecomunicaciones,el acceso temporal a plataformas que no otorguen este acceso directo y continuo a sus sistemas.

Al respecto,la ALAI advirtió que el bloqueo de plataformas digitales constituye un mecanismo de censura y transgresión al derecho de libertad de expresión.

“Esta medida ya fue desestimada por el H. Congreso de la Unión al suprimirla de la propuesta inicial de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión,criterio que además fue compartido públicamente por la Presidencia de la República”,recordó la asociación.

ALAI pide soluciones equilibradas

Más allá de los riesgos observados por la organización,en opinión de ALAI no existe una justificación real para adoptar la medida contemplada en el Código Fiscal,dado que las transacciones digitales ya están trazadas a través del sistema financiero.

Por eso,la asociación reiteró que es necesario abrir un diálogo técnico y público para encontrar soluciones equilibradas para mejorar la transparencia y el cumplimiento fiscal sin comprometer los derechos humanos ni la estabilidad del ecosistema digital.

La discusión en torno a este artículo del Código Fiscal pone sobre una discusión: ¿hasta dónde puede avanzar el Estado en su legítimo interés de recaudar impuestos sin invadir la esfera privada de la ciudadanía?

Más allá de las dudas jurídicas,la medida también abre un precedente riesgoso para el futuro de la regulación digital en México,pues la vigilancia excesiva podría normalizarse bajo la justificación de la eficiencia tributaria.

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Asimismo,podría tener un efecto disuasorio para la inversión en el sector digital mexicano. El acceso irrestricto del SAT a las bases de datos de plataformas globales genera incertidumbre regulatoria y eleva los riesgos de operar en el país,lo que podría afectar la entrada de nuevas empresas tecnológicas y frenar la innovación.

La amenaza de bloqueos temporales a los servicios no sólo impactaría la continuidad de operaciones de gigantes digitales,sino también a miles de pequeñas y medianas empresas que dependen de estas plataformas para comercializar productos,gestionar pagos o alcanzar nuevos mercados.

De aprobarse sin ajustes,la disposición en el Código Fiscal podría generar un retroceso en materia de derechos digitales y limitar la confianza en el ecosistema tecnológico.