La Canieti subrayó que la ley telecom no debe otorgar concesiones comerciales al Ejecutivo para que compita directamente en el mercado minorista.

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La Cámara Nacional de la Industria Electrónica,de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) hizo un llamado al Senado de México para que tomen en cuenta los puntos expuestos por la industria durante los conversatorios,y con ello los incluyan en la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

La organización empresarial resaltó que deben tomar en cuenta preceptos como el hecho de que el Estado en la provisión de servicios de telecomunicaciones ha estado limitado a esquemas sin fines de lucro.

Por lo anterior,la Canieti subrayó que la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión no debe prever el otorgamiento de concesiones comerciales al Ejecutivo para que compita directamente en el mercado minorista.

Hay que recordar que tras la reforma constitucional de 2013,surgió la participación estatal en la Red Compartida,con el consorcio Altán; sin embargo,se estableció que el Estado participaría en Asociación Público Privada y la red sería mayorista,es decir,no ofrecería servicios al usuario final.

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“Permitir que el gobierno se otorgue a sí mismo concesiones para que compita directamente en el mercado minorista,proveyendo servicios a usuarios finales con fines comerciales,significaría trastocar el régimen de competencia económica,al permitir destinar recursos públicos para competir en condiciones preferenciales únicamente por su condición de entidad gubernamental y regulatoria,en perjuicio de la inversión privada”,advirtió la Cámara.

Asimismo,señaló que se otorgarían “ventajas y sin previo análisis de impacto regulatorio,en el pago de derechos por el uso o aprovechamiento de la banda de 700 MHz del espectro radioeléctrico frente al resto de los prestadores de servicios públicos de telecomunicaciones,los cuales tienen que pagar 10x por el uso de bandas similares del espectro radioeléctrico de telecomunicaciones”.

Y es que tanto la Canieti,como especialistas,han señalado que permitir al Estado comercializar servicios distorsionará la competencia y podría inhibir las inversiones.

Por otro lado,indicó que la Ley debe ajustarse a lo dispuesto por la Constitución y tratados internacionales suscritos por México.

“Destacamos que la penetración de servicios de telecomunicaciones en las zonas urbanas es alta,con tarifas menores que en otros países debido a las inversiones y la competencia existente. Se reconoce la función social del gobierno,pero el permitir la explotación comercial pública implica que la industria tenga que realizar más y mayores inversiones,sin los correspondientes retornos,en un ambiente de distorsión de la competencia,lo que inhibiría las mismas”,añadió la Cámara.