Soterrar la infraestructura de telecomunicaciones ofrece beneficios clave como mayor protección contra el clima y mejor estética urbana. Sin embargo,implica altos costos de obra civil y mantenimiento,sumado a la burocracia que ya tiene el despliegue de infraestructura.

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Unas de las novedades en telecomunicaciones incluidas en el proyecto de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión,que elaboró el Poder Ejecutivo y que se discutirá en las próximas semanas en el Congreso de la Unión,serán los lineamientos para el reordenamiento,retiro o soterramiento de infraestructura de telecomunicaciones.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) tendrá el encargo de expedir los lineamientos a los que deberán sujetarse los concesionarios y,en su caso,autorizados y proveedores de infraestructura pasiva.

Según la iniciativa,es necesario contar con una regulación clara y eficiente que determine loscriterios técnicos y de seguridad aplicables a estas intervenciones. Dice que un marco normativo sólido garantizará que los movimientos de infraestructura se realicen de manera ordenada y con el menor impacto posible para la ciudadanía.

De acuerdo con los argumentos de la norma,los lineamientos para el reordenamiento,retiro o soterramiento de la infraestructura “constituyen estrategias esenciales para fortalecer las medidas de protección civil,mejorar la estética urbana y aumentar la resiliencia ante desastres naturales”.

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El soterramiento se refiere a la instalación de cables de comunicación (como fibra óptica,cables de cobre,etc.) bajo tierra,en lugar de forma aérea. Enterrar la infraestructura da mayor protección y durabilidad a los cables,pero tiene altos costos de implementación en obra civil,materiales y planificación,lo que puede dificultar su adopción,y dificulta asimismo las reparaciones en caso de falla. Además,ese costo adicional del despliegue puede luego ser trasladado a los precios de los servicios de telecomunicaciones.

Estas acciones –dice el proyecto– permiten optimizar el uso del espacio público,reducir riesgos derivados de la exposición de cables aéreos,postes en condiciones deterioradas y redes vulnerables a factores climáticos,para garantizar la integridad de la infraestructura y la seguridad de la población.

Claro que para que este desarrollo se dé,los lineamientos deberán estar acompañados por facilidades de despliegue y baja de la carga burocrática para la realización de las obras.

El Artículo 103 del proyecto de ley establece que será la ATDT quien promoverá la homologación,simplificación y digitalización de los trámites relacionados con la instalación despliegue,mantenimiento,desmantelamiento y retiro de infraestructura de telecomunicaciones,en concordancia con el marco normativo nacional,y en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Hay un antecedente,en 2021,cuando en la Ciudad de México,donde en ese momento estaban en la administración capitalina Claudia Sheinbaum y Pepe Merino,trabajaron una iniciativa para obligar a que todas las empresas de telecomunicaciones inviertan en ductos para que su cableado fuera subterráneo. En ese momento,el cálculo que hacían algunos especialistas sobre el costo de migrar la infraestructura aérea de telecomunicaciones al subsuelo era de 3.3 millones de pesos mexicanos por kilómetro.